El Concejo aprobó un pedido de informes presentado por el edil de la UCR, a partir del cual solicitará a la Corte Suprema de Justicia estadísticas sobre los juicios de desalojo tramitados en la ciudad. “El objetivo es saber cuántos procesos de este tipo ocurrieron por incumplimientos en los contratos de locación, para avanzar en la elaboración de herramientas que contribuyan a resolver esta problemática”, explicó.
El Concejo de Santa Fe aprobó una iniciativa presentada por Carlos Suarez, mediante la cual solicitará a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que remita información y estadísticas sobre los juicios de desalojo tramitados en la ciudad durante los últimos dos años. “El objetivo es conocer los motivos que dieron origen a estos procesos, para saber cuántos están relacionados a incumplimientos en los contratos de alquiler y poder avanzar en la solución de una problemática que cada vez afecta a más inquilinos”, explicó el edil.
Al brindar más detalles sobre el pedido de informes sancionado en la sesión de este jueves, el concejal de la UCR destacó que, en la actualidad, “es una problemática que aqueja a muchos santafesinos que, ante la dificultad de acceso al suelo propio, no tienen otra opción que alquilar para resolver su necesidad de vivienda”.
“La inflación, las marchas y contramarchas en las normativas que regulan los alquileres, sumado a otros factores, han derivado en una situación de incertidumbre pocas veces vista”, agregó Suárez. En el mismo sentido, planteó que “los muchas veces excesivos requisitos a la hora de alquilar constituyen un impedimento ineludible para hacerlo, en particular cuando se solicitan las denominadas garantías propietarias”.
Mecanismos superadores
Para Carlos Suárez, es importante promocionar los otros mecanismos de garantía establecidos en la normativa vigente, “muchos de los cuales incluso son mejores, desde el punto de vista de la celeridad con la que el locador podría acceder a los montos que se le deben”.
En ese marco, el concejal resaltó que el Gobierno provincial tiene en estudio un mecanismo para facilitar el alquiler a través de la constitución de garantías mediante seguros de caución o herramientas similares. “Sabemos que el valor de las pólizas generalmente está vinculado con el riesgo que cubren y podría verse elevado si la contingencia que cubre -el no pago por parte del inquilino- encuentra una veta legal para demorar la entrega del inmueble, ya sea por la finalización del contrato o por la rescisión de este”, explicó Suárez.
Para finalizar, el edil insistió en el objetivo del pedido de informes que el cuerpo legislativo elevará a la Corte Suprema de Justicia. “Ante las situaciones que mencionamos, el desalojo se presenta como el procedimiento a llevar adelante, por lo que conocer las estadísticas sobre este tipo de procesos sería muy útil, a los fines de poder determinar la incidencia real que esas situaciones tienen en el valor de las pólizas para este tipo de riesgos”.